El reconocimiento del riesgo psicosocial como un factor a ser considerado dentro del sistema de atención a la población trabajadora, no es de existencia reciente, pues desde el año 1984 a través del Decreto 614, en su Art. 2, se establece como uno de los objetos de la salud ocupacional: “Proteger a la persona contra los riesgos relacionados con agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales, mecánicos, eléctricos y otros derivados de la organización laboral que puedan afectar la salud individual o colectiva en los lugares de trabajo”.

 

Sin embargo, el año 2008 representa un momento relevante en el abordaje del riesgo psicosocial, al regularse dentro del marco de la legislación colombiana, con la Resolución 2646, el conjunto de responsabilidades que permitan definir programas y acciones dirigidas a prevenir y controlar dicho factor. Dentro de tal reglamentación se establece que los riesgos psicosociales “comprenden los aspectos intralaborales, los extralaborales o externos a la organización y las condiciones individuales o características intrínsecas del trabajador, los cuales en una interrelación dinámica, mediante percepciones y experiencias, influyen en la salud y el desempeño de las personas”.

 

Desde esta definición, entonces, se plantean exigencias, retos y posibilidades que redimensionan la mirada ofrecida hasta el momento al trabajador, pues su condición de persona comienza a ser reconocida desde una óptica integral donde adquieren importancia no sólo las condiciones propias del trabajo, sino además las que son externas a él y las que corresponden a su personalidad y situaciones individuales. De tal forma, y con el desarrollo adecuado y profundo de las disposiciones normativas, la conservación de la salud, especialmente en el plano mental, con la interrelación innegable que tiene con el cuerpo, se vuelve una meta de mayores posibilidades de materialización, donde el trabajo en lugar de ser amenaza para ella, sea en realidad, un factor de desarrollo y bienestar.